La digitalización: puesta en marcha de procedimientos digitales accesibles al ciudadano y alternativas para las personas mayores

La Fundación Mutualidad, cuya estrategia persigue el fomento del talento jurídico, la cultura del ahorro, el compromiso social y la promoción de la cultura y la economía del envejecimiento, así como apoyar a grupos vulnerables, ha publicado el «II Tratado de derecho y envejecimiento: El derecho ante situaciones de vulnerabilidad de las personas mayores», que se pueden descargar íntegramente de manera gratuita aquí, coordinado por la compañera Victoria Ortega Benito.

He tenido la suerte y el honor de participar en este interesantísimo Tratado con el capítulo «La digitalización: puesta en marcha de procedimientos digitales accesibles al ciudadano y alternativas para las personas mayores», al que podrán acceder junto al resto de la obra en el enlace citado.

En el capítulo parto de que la digitalización de la sociedad y el uso generalizado de las nuevas tecnologías que presenta indudables ventajas ha traído algunos efectos negativos y amenazas, entre ellos el más conocido de la brecha digital que afecta a los grupos más vulnerables, entre ellos las personas mayores.

Después de una introducción sobre cuáles son los objetivos europeos en esta importante cuestión que afecta a la vida diaria y a los derechos fundamentales de tantas personas, analizo el estado de la cuestión en España.

Este análisis lo realizo en primer lugar desde una visión general, en la que me encontré con que lo que nos muestra la versión oficial parece no corresponder exactamente con la realidad social que transmiten otras fuentes.

En segundo lugar, abordo las consecuencias negativas de la imposición de la cita previa obligatoria (de la que ocupé aquí, aquí, aquí y aquí) que, desgraciadamente, no acaba de dejarnos, habiendo quedado enquistada especialmente en determinados lugares que forman parte de la Administración General del Estado, en la que los reiterados anuncios políticos sobre la vuelta a la voluntariedad, no acaban de fructificar.

Donde sí lo ha hecho es en Cataluña. En el capítulo por cuestiones temporales no se hace referencia a la interesantísima Ley 9/2025, de 13 de noviembre, de modificación de la Ley 26/2010, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, que debemos de agradecer públicamente al empuje y buen hacer del profesor Juli Ponce Solé, en la que entre otras reformas de progreso como el reforzamiento del derecho al error del ciudadano frente a la Administración, se incluye por ley la eliminación de la obligatoriedad de la cita previa modificando el art. 21 «Derecho a la no discriminación y a una atención adecuada» introduciendo un apartado 4° que dice: «4. La cita previa no puede ser obligatoria en ningún caso y solo puede establecerse para mejorar los servicios de atención presencial.».

En tercer lugar, abordo la cuestión de la libertad de elección digital y, más concretamente, frente a las Administraciones Públicas de la que ya había hablado en «La Administración electrónica ¿derecho u obligación?».

Se analiza cómo está la cuestión en las Cartas de derechos digitales europea y española, su carácter de «soft law y sus repercusiones jurídicas, con cita al profesor José Maria Rodríguez de Santiago y sus magníficas «Metodología del Derecho administrativo. Reglas de racionalidad para la adopción y el control de la decisión administrativa» y «Sistema de fuentes del derecho administrativo. La dirección de la Administración a través del derecho».

Después se hace un recorrido por la normativa española y jurisprudencia española y europea al respecto, de la que me había ocupado, por ejemplo, en la citada «La Administración electrónica ¿derecho u obligación?»., en «La obligación general de relacionarse electrónicamente con la Agencia Tributaria es ilegal», en «Requisitos para ampliar la obligación de usar la Administración electrónica a otros colectivos» o en «La ampliación a otros colectivos de la Administración electrónica».

Para finalizar, en la línea de lo que defendía en la citada entrada y lo dicho también por el profesor José Luis Piñar Matas, en «¿Digitales por obligación? Por el reconocimiento del derecho a no ser digital», propongo que la libertad de elección sobre qué servicios digitales usamos se recoja con carácter vinculante en las Cartas de derechos para que no pueda ser limitada por el legislador a medida que la brecha digital se vaya cerrando. Esto ayudará también a la introducción de un parapeto que pueda proteger a la ciudadanía de perderse en el «metaverso» y de los posibles abusos de las empresas privadas y de los Poderes Públicos.

Es de Justicia

Diego Gómez Fernández

Abogado y profesor de derecho administrativo

www.derechoadministrativoyurbanismo.es

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