La legitimación de los vecinos para recurrir en la vía contencioso-administrativa contra una actividad administrativa con potenciales efectos medioambientales (STS 30/10/2026)

La STS de 30/10/2026 (RC6879/2024. Ponente Dª Maria Concepción García Vicario) ha fijado la siguiente e interesante doctrina jurisprudencial sobre la compatibilidad de la acción pública medioambiental con la legitimación ordinaria del art. 19/.1.a) LJCA y, con relación a esta última, qué requisitos tendrían que tener los vecinos para estar legitimados:
«La acción pública medioambiental regulada en los artículos 22 y 23 de la Ley 27/2006 constituye un título especial de legitimación que no excluye la legitimación ordinaria derivada del artículo 19.1.a) LJCA. Los vecinos que actúan como personas físicas pueden ostentar interés legítimo para impugnar actuaciones administrativas con potencial incidencia medioambiental cuando exista una conexión suficiente entre la actuación controvertida y el ámbito territorial en que residen o desarrollan su círculo vital de intereses».
Veremos a continuación los antecedentes para después entrar a ver las razones dadas por la sentencia comentada para fijar esta doctrina jurisprudencial.
Antes de continuar, si les interesa, les dejo aquí algunas entradas anteriores del blog donde he tratado la legitimación contencioso-administrativa:
Más sobre la legitimación de las Asociaciones en la vía contencioso-administrativa (STS 04/02/2026)
Nulidad de sentencia de demolición de un edificio por no haber emplazado a los titulares registrales y legitimación de las Comunidades Autónomas para instar la revisión de oficio de las licencias
La anulación del nombramiento de la Presidenta del Consejo de Estado (STS 30/11/2023)

Los antecedentes
En un municipio conquense, unos vecinos por una parte y una asociación ecologista por otra presentaron sendos recursos de alzada contra la Autorización Ambiental Integrada (AAI) concedida el 12/01/2018 a una empresa para una granja de 2.685 cerdas con lechones de hasta 20 Kg y su reposición. Los vecinos recurrieron también en alzada la modificación de esa AAI por resolución de 05/10/2021.
Este último recurso fue desestimado expresamente por resolución de 16/05/2022 y contra esa resolución y contra la desestimación presunta de los recursos de alzada contra la AAI de 2018 interpusieron los vecinos y la asociación ecologista recurso contencioso-administrativo que fue resuelto por la STSJ de Castilla La Mancha de 17/05/2024 (Rec. 499/2020. Ponente D. José Antonio Fernández Buendía) que inadmitió ambos recursos.
Los recursos interpuestos por los vecinos y la asociación contra la AAI de 12/01/2018 fueron inadmitidos al amparo del art. 69.c LJCA porque había una resolución expresa notificada, por lo que no cabía recurrir contra el silencio, mientras que el presentado por los vecinos contra la resolución de 16/05/2022 que desestimaba la alzada contra la modificación de 2021 de dicha AAI fue inadmitido por falta de legitimación; lo razona así:
«Aducen los actores, al respecto, la existencia de interés legítimo derivado del hecho de que los mismos son vecinos del municipio, y que la instalación de la granja podría repercutir en sus casas, negocios o tierras, así como que habrían constituido una asociación para oponerse a la instalación de la granja promovida por ICPOR, habiendo llegado a obtener representación en el Ayuntamiento de Almendros.
No obstante, conforme a la regulación legal vigente tales circunstancias no pueden ser acogidas para sostener la existencia de legitimación activa de los actores (...)
En el caso analizado el simple hecho de que los actores puedan ser vecinos del municipio donde se ubica el proyecto autorizado no permite concluir que la anulación de la modificación de la AAI, que se pretende en la ampliación del recurso, pueda repercutir de modo efectivo y concreto en la esfera jurídica de los mismos. La actuación de los actores no aparece sustentada, en definitiva, en la concurrencia de un interés en sentido propio, identificado y específico, de tal forma que la anulación del acto impugnado produzca automáticamente, en su esfera jurídica, un efecto cierto.
Evidentemente tampoco lo constituye el hecho de haber constituido los actores una asociación, o el hecho de que los mimos hubieran podido obtener representación en el Ayuntamiento de Almendros. Sin que, tampoco, la manifestación abstracta y genérica de que la instalación de la granja podría repercutir en sus casas, negocios o tierras, pase de ser más que una afirmación hipotética que no permite considerar la concurrencia de interés legítimo, en materia de medio ambiente, respecto de los vecinos del municipio, cualesquiera que sean, en relación con las actuaciones administrativas afectantes a instalaciones, o actividades, que en el mismo puedan pretender establecerse, según la conceptuación jurisprudencial del interés legítimo como interés en sentido propio, cualificado o específico.
Es por ello que debe declararse, igualmente, la inadmisibilidad de la ampliación del recurso planteado frente a la modificación de la AAI puesto que, como expresa la Sentencia la Sala Tercera del Tribunal Supremo de fecha 7 de junio de 2013, entre otras muchas, "La acción pública que reconoce la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE, es un acción pública peculiar, porque tiene unos límites hasta ahora desconocidos en el ejercicio de la acción pública. Baste señalar que su ejercicio depende de la concurrencia de una serie de requisitos, entre los que destaca, por lo que hace al caso, que la acción se habrá de ejercitarse, en todo caso, por asociaciones dedicadas a la defensa del medio ambiente, sin que el ejercicio de esta acción se reconozca a las personas físicas.
Sobre las dudas surgidas en torno a si estamos o no ante una verdadera acción pública, porque lo esencial en este tipo de acciones es que se permita el ejercicio de la acción a cualquier "ciudadano" (artículo 19.1.h/ de la LJCA), solo debemos añadir que la propia Ley 27/2006, de 18 de julio, en su exposición de motivos, duda de su naturaleza al señalar que se introduce una "especie de acción popular" cuyo ejercicio corresponde a las personas jurídicas sin ánimo de lucro dedicadas a la protección del medio ambiente.
Se ha pronunciado, en este sentido, el Tribunal Supremo en Sentencia de 16 de mayo de 2007 (recurso de casación nº 8001/2003) al declarar que propiamente no existe una acción pública medioambiental, y señalar que ««el ordenamiento jurídico no concede una acción pública en materia de protección del medio ambiente, ni siquiera en la reciente Ley 27/2006, de 18 de Julio, que regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, la cual, en su artículo 22, sólo otorga acción popular a las personas jurídicas sin ánimo de lucro y sólo cuando cumplen los requisitos de su artículo 23»»."
Por todo ello procede, igualmente, y conforme a lo expresado en el artículo 69.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, declarar la inadmisibilidad del recurso planteado frente la desestimación del recurso de alzada interpuesto contra la modifica la resolución de 12 de enero de 2018, de la Viceconsejera de Medio Ambiente, por la que se otorga autorización Ambiental Integrada».

Mediante ATS de 29/10/2025 se admitió a trámite el recurso de casación preparado por los vecinos para fijar jurisprudencia sobre la siguiente cuestión de interés casacional:
«Declarar el alcance del concepto de interés legítimo en relación con la legitimación activa de vecinos de un municipio, que concurran como personas físicas, en relación con actuaciones que prevean la ejecución de una instalación en las inmediaciones que pueda potencialmente afectar al medio ambiente, aun cuando no concurra el supuesto de acción pública ambiental»

La STS de 30/10/2026
Alterando el orden que sigue la sentencia, veremos primero las razones que le llevan a declarar como doctrina jurisprudencial la compatibilidad entre la acción pública medioambiental y la legitimación ordinaria del art. 19.1.a) LJCA, esto es, de las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo propio.
La sentencia señala que es obvio que el título para accionar en base a la acción pública medioambiental y la del derecho o interés legítimo propio es distinto, recordándonos también que la acción pública en defensa del medio ambiente es más limitada que la existente en urbanismo de la que hablé anteriormente en este blog aquí, aquí, aquí y aquí:
«6.4.-Queda claro que la acción pública ambiental y el interés legítimo son títulos de legitimación distintos.
Como señala la STS 3227/2013, de 7 de junio de 2013 (RC 1542/2010):
«La acción pública que reconoce la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE, es una acción pública peculiar, porque tiene unos límites hasta ahora desconocidos en el ejercicio de la acción pública. Baste señalar que su ejercicio depende de la concurrencia de una serie de requisitos, entre los que destaca, por lo que hace al caso, que la acción se habrá de ejercitarse, en todo caso, por asociaciones dedicadas a la defensa del medio ambiente, sin que el ejercicio de esta acción se reconozca a las personas físicas.
Sobre las dudas surgidas en torno a si estamos o no ante una verdadera acción pública, porque lo esencial en este tipo de acciones es que se permita el ejercicio de la acción a cualquier "ciudadano" (artículo 19.1.h/ de la LJCA ), solo debemos añadir que la propia Ley 27/2006, de 18 de julio, en su exposición de motivos, duda de su naturaleza al señalar que se introduce una "especie de acción popular" cuyo ejercicio corresponde a las personas jurídicas sin ánimo de lucro dedicadas a la protección del medio ambiente.
Se ha pronunciado, en este sentido, el Tribunal Supremo en Sentencia de 16 de mayo de 2007 (recurso de casación nº 8001/2003) al declarar que propiamente no existe una acción pública medioambiental, y señalar que "el ordenamiento jurídico no concede una acción pública en materia de protección del medio ambiente, ni siquiera en la reciente Ley 27/2006, de 18 de Julio, que regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, la cual, en su artículo 22, sólo otorga acción popular a las personas jurídicas sin ánimo de lucro y sólo cuando cumplen los requisitos de su artículo 23" (...)
existe una diferencia entre la defensa abstracta de la salud ambiental de toda la ciudadanía y, la defensa de la salud, bienestar y condiciones de vida de personas concretas que residen en la zona directamente afectada por la actuación impugnada. Y cuando una asociación representa a vecinos o residentes potencialmente afectados por una instalación concreta, puede existir un interés legítimo propio y diferenciado, independiente de la acción pública ambiental. ».

Sin embargo, que sean títulos para recurrir distintos no significa que sean incompatibles; puede darse el uno sin el otro o concurrir ambos:
«la inexistencia de legitimación para ejercitar la acción pública ambiental no permite negar automáticamente la existencia de un interés legítimo propio susceptible de acceso a la jurisdicción. La acción pública ambiental y el interés legítimo son títulos de legitimación distintos, por lo que el incumplimiento de los requisitos exigidos para ejercer la acción pública ambiental de la Ley 27/2006 no excluye por sí mismo la posible concurrencia de legitimación basada en el interés legítimo previsto en el artículo 19 LJCA.
Mencionada sentencia enlaza con la doctrina desarrollada por esta Sala en torno al denominado «círculo vital de intereses» ya presente en la STS 2869/2002 y en la STS 4579/2016, en el sentido que la ausencia de acción pública no impide reconocer legitimación cuando existe una afectación específica derivada de la condición de vecino o residente del entornvo afectado. Por tanto, la inexistencia de legitimación para ejercitar la acción pública ambiental no excluye la existencia de un interés legítimo propio, y cuando una asociación o quienes la integran alegan una afectación concreta y territorialmente localizada derivada de una actuación con incidencia ambiental, los órganos judiciales están obligados a examinar esa posible legitimación conforme al principio pro actione y el derecho de acceso a la jurisdicción garantizado por el artículo 24.1 CE (...)
el incumplimiento de los requisitos exigidos para ejercer la acción pública ambiental de la Ley 27/2006 no excluye por sí mismo la posible concurrencia de legitimación basada en el interés legítimo previsto en el artículo 19 LJCA en los términos precedentemente expuestos. Ambos títulos responden a presupuestos distintos y operan en planos diferentes, de modo que inexistencia del primero no determina por sí sola la del segundo. La doctrina referenciada descarta que la protección jurisdiccional de intereses ambientales territorialmente localizados quede reservada exclusivamente a quienes ejerciten la acción pública ambiental, permitiendo apreciar interés legítimo cuando exista una conexión suficiente entre la actuación impugnada y el entorno vital en que se desarrolla la vida de los recurrentes.
Por ello, la interpretación del artículo 19.1.a) LJCA ha de realizarse conforme al principio pro actione en su vertiente de acceso a la jurisdicción, evitando soluciones formalistas que conduzcan a la exclusión procesal de quienes ostentan una relación cualificada con el objeto del litigio».

En la acción pública en urbanismo la STS 17/09/2012 (RC 5879/2012) había declarado la misma compatibilidad entre ambos títulos:
«…como hemos puntualizado en reciente sentencia de esta Sala y Sección de 21 de marzo de 2012 (recurso de casación nº 5651/2008), la posición legitimadora de la recurrente se proyecta sobre la relación jurídico-procesal que debe ser considerada como una e indivisible. Por ello, cuando se esgrime una diversidad de motivos para justificar el interés legitimador basta acreditar uno sólo para que quede superado el obstáculo de la inadmisibilidad, tras lo que se debe entrar en el examen total de la cuestión de fondo planteada. Cuando existe, como ocurre en este caso, legitimación por interés legítimo, carece de relieve tratar de distinguir entre motivos de impugnación amparados en una legitimación individual y motivos fundados en la acción pública.»

Sobre la otra cuestión debatida aclara que realmente se ocupa de cuáles son los requisitos para que los vecinos que no estén amparados por la acción pública puedan recurrir en la vía contencioso-administrativa por tener un derecho o interés legítimo propio afectado:
«...la controversia no versa sobre la existencia o inexistencia de acción pública medioambiental, ni sobre la legalidad sustantiva de la autorización controvertida. Lo que se somete a la consideración de la Sala es una cuestión estrictamente procesal: determinar si quienes comparecen en el proceso en su condición de vecinos del municipio afectado por la actuación administrativa impugnada ostentan interés legítimo suficiente para acceder al control jurisdiccional de dicha actuación al amparo del artículo 19.1.a) de la Ley reguladora de esta jurisdicción.
La sentencia recurrida negó tal legitimación, considerando que la invocada condición de vecinos y las eventuales repercusiones de la explotación sobre viviendas, tierras o negocios constituían afirmaciones insuficientes para integrar el concepto de interés legítimo exigido por mencionado precepto».

Para dilucidarlo, comienza exponiendo la jurisprudencia ordinaria sobre este primer título de legitimación del art. 19.1.a) LJCA:
«6.2.- Constituye jurisprudencia constante de esta Sala que la legitimación activa que contempla el artículo 19.1. a) de la LJCA es una titularidad que deriva de la posición peculiar que ostenta una persona o una entidad frente a un proceso, cuando la decisión que se adopte en el mismo es susceptible de afectar a un derecho o a su interés legítimo, lo que la jurisprudencia ha venido determinando en forma casuística.
El interés legítimo es el nexo que une a esa persona o entidad con el proceso y se caracteriza como una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto o disposición impugnados) de tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio), actual o futuro, pero cierto, debiendo entenderse tal relación referida a un interés en sentido propio, cualificado y específico, actual y real (no potencial o hipotético). Dicho de otro modo, se trata de la titularidad potencial de una ventaja o de una utilidad jurídica, no necesariamente de contenido patrimonial, por parte de quien ejercita la pretensión en un proceso, que se materializará de prosperar esta.
En consecuencia, para que exista interés legítimo la actuación impugnada debe repercutir de manera clara y suficiente en la esfera jurídica de quien acude al proceso. Por ello la legitimación ad causam se debe otorgar a toda persona a la que el proceso representa una utilidad en su esfera jurídica de derechos o intereses, bien sea de forma sustancial o inmediata o de modo indirecto o instrumental, en cuanto que, en esta última hipótesis, la observancia de la legalidad y el mantenimiento o anulación de la actuación administrativa impugnada le pueda proporcionar una ventaja o le pueda evitar un perjuicio.
Sin embargo, no es suficiente, a tales efectos, el mero interés por la legalidad ni un simple interés frente a supuestos y presuntos agravios potenciales o futuros. No puede, pues, confundirse el interés legítimo con el genérico e indeterminado interés por la legalidad, debiendo tener aquel interés una entidad sustantiva real y no meramente formal o abstracta. Y así lo recuerdan, entre otras muchas, las sentencias de esta Sala de 15 de marzo de 2005 y 23 de diciembre de 2020 reseñadas en la sentencia impugnada, y las sentencias de 12 de noviembre de 2012 (RC 1817/2009), 21 de marzo de 2012 (RC 5651/2008) o el ATS de 1 de abril de 2014 (RC 510/2013).
Ahora bien, la misma jurisprudencia ha insistido igualmente en que el concepto de interés legítimo ha de ser interpretado en conexión con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamado en el artículo 24 CE y no puede quedar reducido a una concepción restrictiva equivalente a la antigua noción de interés directo.
Por tanto, la cuestión suscitada en este recurso ha de resolverse no solo desde la perspectiva del artículo 19.1.a) LJCA, sino también desde la incidencia que sobre dicho precepto proyecta el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 CE.
La jurisprudencia constitucional ha declarado reiteradamente que el requisito de la legitimación constituye un presupuesto procesal necesario para el acceso a la jurisdicción, pero también que su interpretación no puede realizarse de forma rigorista o desproporcionada cuando ello conduzca a privar injustificadamente al ciudadano de una resolución judicial sobre el fondo. Cuando se enjuicia el acceso inicial al proceso, el principio pro actione despliega una intensidad particularmente reforzada, de modo que las causas de inadmisión han de interpretarse de manera compatible con la efectividad del derecho fundamental reconocido en el artículo 24.1 CE, y así se desprende, entre otras, de las SSTC 252/2000, 73/2006, 38/2010 y, más recientemente, de la STC 69/2025, expresamente invocada en el auto de admisión y a la que luego nos referiremos.
6.3.- Significar que esa doctrina tradicional ha evolucionado hacia una comprensión cada vez más amplia del concepto de interés legítimo en materia medioambiental y en la delimitación de la legitimación procesal de los vecinos afectados por actuaciones con incidencia territorial o ambiental. En tal sentido, hemos de tener presente:
(i).- La STS 2869/2002, de 22 de abril de 2002 (RC 3799/1997) que se pronuncia sobre la legitimación procesal de un grupo de vecinos como personas físicas que pretendían intervenir en un proceso como coadyuvantes de la Administración para oponerse a la instalación de un vertedero. La Sala rechaza que el artículo 45 CE suponga por sí mismo una acción popular ambiental, pero reconoce que los ciudadanos pueden estar legitimados cuando exista una conexión suficiente entre la actuación administrativa y su esfera de intereses. Los vecinos afectados por una instalación potencialmente impactante para el medio ambiente pueden ostentar un interés legítimo suficiente para intervenir en el proceso, manteniendo que la relación de vecindad constituye un criterio idóneo para apreciar interés legítimo en controversias ambientales.
Al respecto argumenta que: «(...) La impugnación individual por los ciudadanos de actos administrativos que afecten al medioambiente no está habilitada, como se ha visto, por el reconocimiento de una acción popular. Sin embargo, el ciudadano que ejercita la defensa de un interés difuso puede estar defendiendo su propio círculo vital afectado, cuyo ámbito permite definir el concepto constitucional de interés legítimo. Por ello este Tribunal está abriendo caminos al reconocimiento de este tipo de legitimación cuando se aprecia un punto de conexión con el círculo vital de intereses de la corporación, asociación o particular recurrente (...)».
Esta sentencia anticipa una línea jurisprudencial posteriormente consolidada sobre el concepto de interés legítimo y el acceso a la jurisdicción en materia ambiental, conforme a la cual la inexistencia de acción pública en un determinado sector no impide reconocer legitimación activa a vecinos o ciudadanos cuando exista una conexión suficiente entre la actuación impugnada y sus condiciones de vida, de modo que la estimación del recurso les reporte una utilidad real o evite un perjuicio efectivo.
(ii).- La STS 2911/2011, de 17 de mayo de 2011 (RC 104/2010) se pronuncia sobre la legitimación activa de las asociaciones o agrupaciones vecinales cuando el objeto del litigio guarda una relación suficiente con los fines estatutarios de defensa de intereses ambientales o territoriales que representan, incidiendo en que el concepto de interés legítimo debe interpretarse de forma amplia y favorable al acceso a la justicia, especialmente en materia medioambiental, de acuerdo con el principio pro actione y el Convenio de Aarhus.
Como vemos, la sentencia de 2002 reconoció la legitimación de vecinos concretos que sufrían una afectación ambiental individualizada, mientras que la de 2011 extendió tal doctrina a las agrupaciones vecinales que estatutariamente asumían la defensa de intereses ambientales colectivos.
(iii).- La STS 4579/2016, de 18 de octubre (RC 2440/2013) confirmó la legitimación del allí recurrente en cuanto ostentaba un interés legítimo derivado de su condición de vecino y residente la localidad directamente afectada por la instalación de una central térmica de ciclo combinado.
Esta sentencia, al igual que la nº 2869/2002, reconoció legitimación directamente a vecinos como personas físicas, sin exigir que actuasen a través de una asociación, reforzando así la tesis de que la proximidad territorial y la incidencia ambiental de la actuación constituyen una afectación diferenciada suficiente para recurrir y son elementos suficientes para integrar el interés legítimo exigido por el artículo 19.1.a) LJCA».

Después avanza un poco más al recordarnos la STC 69/2025 de 24 de marzo que con relación a una asociación de vecinos de Donostia/San Sebastián afectados por una incineradora les reconoció legitimación por la afectación a sus intereses legítimos propios:
«(iv).- Finalmente, la STC 69/2025, de 24 de marzo de 2025, estima un recurso de amparo interpuesto por una Asociación de vecinos contra una sentencia del TSJ del País Vasco que había inadmitido por falta de legitimación activa el recurso deducido contra resoluciones ambientales vinculadas a un proyecto de una incineradora. La STC aborda la legitimación activa desde la perspectiva del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
El Tribunal Constitucional reprocha a la Sala haber efectuado un análisis incompleto de la legitimación, al limitarse a constatar que la asociación recurrente no reunía los requisitos temporales exigidos para el ejercicio de la acción pública ambiental y omitir el examen de las circunstancias susceptibles de integrar un interés legítimo autónomo. La asociación estaba integrada por familias residentes en las inmediaciones de la incineradora; tenía como finalidad estatutaria la defensa de la salud y bienestar de sus hijos frente a los efectos de la instalación y había alegado desde el principio una afectación concreta y localizada. Tales circunstancias revelan una posible conexión específica entre el objeto del proceso y la esfera jurídica de los asociados, que debía ser valorada expresamente por el órgano jurisdiccional, por lo que no podía reducirse su posición jurídica a la de un mero defensor abstracto de la legalidad ambiental.
La sentencia recuerda que el interés legítimo del artículo 19 LJCA concurre cuando la eventual estimación de la pretensión sea susceptible de generar una utilidad jurídica o de evitar un perjuicio cierto y no meramente hipotético para quien acciona. Este juicio debe efectuarse atendiendo a la concreta posición jurídica del demandante y no exclusivamente a la naturaleza ambiental de la controversia, y reitera que las asociaciones pueden ostentar legitimación propia cuando actúan en defensa de intereses que corresponden a sus asociados y guardan relación con sus fines estatutarios, señalando que:
«Este tribunal entiende que, del mismo modo que la STC 252/2000, de 30 de octubre , FJ 7, admitió el interés legítimo de una asociación de vecinos constituida para denunciar los problemas que aquejaban al servicio público de saneamiento de aguas, reconociendo su legitimación activa para impugnar la exigencia y el pago de precio público por el alcantarillado que debía dar servicio a una urbanización o barriada y al que quedaba obligado cada vecino a título individual, este mismo título de legitimación ha de extenderse también a casos como el presente en el que los vecinos deciden asociarse para impugnar de forma colectiva una disposición general o un acto administrativo de efectos ambientales localizados precisamente en el área geográfica en que se hallan ubicados sus respectivos domicilios. Sin duda defienden con ello un interés específico, una ventaja o utilidad pública como residentes en la zona, que va más allá del interés público o general que se atribuye a la acción colectiva para la defensa del cumplimiento de la legalidad medioambiental vigente».
Para el Tribunal existe una diferencia entre la defensa abstracta de la salud ambiental de toda la ciudadanía y, la defensa de la salud, bienestar y condiciones de vida de personas concretas que residen en la zona directamente afectada por la actuación impugnada. Y cuando una asociación representa a vecinos o residentes potencialmente afectados por una instalación concreta, puede existir un interés legítimo propio y diferenciado, independiente de la acción pública ambiental.
De ello se colige que la inexistencia de legitimación para ejercitar la acción pública ambiental no permite negar automáticamente la existencia de un interés legítimo propio susceptible de acceso a la jurisdicción. La acción pública ambiental y el interés legítimo son títulos de legitimación distintos, por lo que el incumplimiento de los requisitos exigidos para ejercer la acción pública ambiental de la Ley 27/2006 no excluye por sí mismo la posible concurrencia de legitimación basada en el interés legítimo previsto en el artículo 19 LJCA.
Mencionada sentencia enlaza con la doctrina desarrollada por esta Sala en torno al denominado «círculo vital de intereses» ya presente en la STS 2869/2002 y en la STS 4579/2016, en el sentido que la ausencia de acción pública no impide reconocer legitimación cuando existe una afectación específica derivada de la condición de vecino o residente del entorno afectado. Por tanto, la inexistencia de legitimación para ejercitar la acción pública ambiental no excluye la existencia de un interés legítimo propio, y cuando una asociación o quienes la integran alegan una afectación concreta y territorialmente localizada derivada de una actuación con incidencia ambiental, los órganos judiciales están obligados a examinar esa posible legitimación conforme al principio pro actione y el derecho de acceso a la jurisdicción garantizado por el artículo 24.1 CE.
Entendemos que la doctrina referida no se limita a las asociaciones de afectados, sino que descansa en la existencia de un interés legítimo específico, cualificado y territorialmente localizado, derivado de la condición de vecinos residentes en el ámbito de incidencia de la actuación impugnada, de modo que si se considera que la condición de vecinos afectados es suficiente para fundamentar la legitimación de una asociación que canaliza sus intereses, con mayor razón habrá de reconocerse la legitimación de esos mismos vecinos cuando comparecen personalmente en el proceso, siempre que acrediten una afección real y diferenciada respecto de la colectividad general, pues el interés legítimo apreciado por el TC se encuentra radicado originariamente en ellos y no en la estructura asociativa que eventualmente los represente. Ello no significa que cualquier vecino esté siempre legitimado, pues será necesario acreditar una conexión material suficiente con el objeto del litigio, lo que excluye la sentencia es una interpretación excesivamente formalista que reduzca la legitimación a supuestos de lesión de derechos subjetivos estrictos.
En consecuencia, una interpretación conforme con el principio pro actione nos lleva a reconocer que los vecinos residentes en el ámbito de afección ostentan legitimación activa para impugnar la actuación controvertida siempre que acrediten una conexión material suficiente entre esta y su esfera jurídica. Y dicha conexión concurre con particular intensidad cuando, como aquí sucede, la actuación impugnada despliega sus efectos precisamente sobre el entorno físico en el que los recurrentes residen y desarrollan su vida cotidiana. Por otro lado, la circunstancia de que la afectación alegada pueda ser compartida por otros vecinos no elimina su carácter propio, ya que la afectación compartida sigue siendo afectación, y la utilidad derivada de la eventual estimación del recurso sigue siendo una utilidad jurídicamente apreciable para quienes residen en el ámbito territorial concernido.

Después de fijar la doctrina jurisprudencial que hemos visto al inicio («La acción pública medioambiental regulada en los artículos 22 y 23 de la Ley 27/2006 constituye un título especial de legitimación que no excluye la legitimación ordinaria derivada del artículo 19.1.a) LJCA. Los vecinos que actúan como personas físicas pueden ostentar interés legítimo para impugnar actuaciones administrativas con potencial incidencia medioambiental cuando exista una conexión suficiente entre la actuación controvertida y el ámbito territorial en que residen o desarrollan su círculo vital de intereses».), pasa a resolver el caso concreto, ofreciendo unas pautas para saber cuándo unos vecinos pueden estar legitimados para impugnar una actividad administrativa con potenciales efectos negativos en el medio ambiente, aunque la solución de cada caso seguirá siendo inevitablemente casuística:
«8.2.-Para la Sala de instancia no son suficientes para fundamentar la legitimación activa: la condición de vecinos del municipio en que se emplaza la instalación; la titularidad de viviendas, explotaciones, negocios o terrenos en dicho término municipal; la constitución de una asociación específicamente orientada a la oposición del proyecto, aunque el recurso se interpusiese por vecinos concretos, estimando insuficientes las alegaciones de afecciones relacionadas con el abastecimiento de agua, tratamiento de purines, olores, tráfico de camiones o los efectos derivados de la construcción e implantación de una explotación ganadera de alojamiento de 2.685 cerdas con lechones de hasta 20 kg, y su reposición, en el término municipal de Almendros.
Sin embargo, a juicio de este Tribunal, es precisamente el conjunto de esas circunstancias el que permite apreciar la existencia de una posición jurídica diferenciada respecto de la generalidad de los ciudadanos. Lo relevante no es cada una de ellas aisladamente considerada, pues lo decisivo es su valoración conjunta. Los recurrentes no comparecen en defensa de la legalidad objetiva, ni como simples ciudadanos preocupados por la protección abstracta del medio ambiente, sino como residentes en un pequeño municipio en el que se proyecta implantar la actuación autorizada, como personas vinculadas de forma estable al territorio afectado, titulares de intereses patrimoniales y vitales conectados con dicho espacio físico y como destinatarios potenciales de las consecuencias derivadas de la ejecución y funcionamiento de la instalación de la granja porcina controvertida. (...)
No se trata, en definitiva, de terceros ajenos a la actuación administrativa, ni de ciudadanos sin vinculación específica con el territorio afectado y, como se ha dicho, la circunstancia de que la afectación alegada pueda ser compartida por otros vecinos no elimina su carácter propio, ya que la afectación compartida sigue siendo afectación»

Después aclara, con buena lógica, que para enjuiciar un requisito de la admisión, que es antes de entrar en el fondo del asunto, no se puede exigir en esa fase previa la prueba de que la actividad administrativa impugnada afecta realmente al medio ambiente; aclara que el juicio sobre la legitimación y sobre esa prueba del daño son cosas diferentes:
«La sentencia recurrida parece exigir, para reconocerles legitimación, una acreditación prácticamente concluyente de la efectiva producción del daño cuya prevención precisamente se persigue mediante la impugnación de la autorización ambiental integrada. Dicha exigencia desnaturaliza la propia función preventiva característica del derecho ambiental, pues no puede exigirse a los recurrentes que demuestren la materialización del perjuicio para reconocerles legitimación frente a una autorización cuya impugnación precisamente persigue evitar que dichos perjuicios lleguen a producirse. Hay que diferenciar el juicio sobre la legitimación, del juicio sobre la existencia real de la lesión denunciada, pues mientras la primera afecta al acceso al proceso, la segunda pertenece al examen del fondo. Y la sentencia recurrida exige un grado de individualización del perjuicio que, en la práctica, equivale a anticipar el examen del fondo de la controversia al juicio de legitimación.»

Para finalizar concluye que la interpretación restrictiva realizada por la sentencia de la Sala castellano-manchega afecta al derecho a la tutela judicial efectiva de los vecinos afectados y ordena la retroacción de actuaciones para que dicha Sala entre en el fondo del asunto.
«8.3.- La interpretación acogida por la sentencia recurrida conduce, en último término, a un resultado difícilmente compatible con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 CE y con la interpretación efectuada constitucionalmente del artículo 19.1.a) LJCA.
Y decimos esto porque si consideramos que ni los residentes en el municipio afectado, ni los titulares de viviendas o explotaciones radicadas en él, ni quienes alegan la potencial incidencia de riesgos vinculados al abastecimiento de agua, a la gestión de residuos ganaderos o a las condiciones ambientales locales pueden acceder a la jurisdicción por carecer de interés legítimo, la consecuencia práctica es que el ámbito de aplicación del artículo 19.1.a) LJCA queda vaciado de contenido en una parte sustancial de los conflictos medioambientales territorialmente localizados. Y ello supondrá atribuir a la acción pública de los artículos 22 y 23 de la Ley 27/2006 una función excluyente que como se ha razonado, la doctrina jurisprudencial no admite.
8.4.-Debemos concluir, por ello, que los recurrentes ostentan una relación suficientemente intensa, específica y diferenciada con la actuación administrativa impugnada para integrar el concepto de interés legítimo contemplado en el artículo 19.1.a) LJCA, por cuanto existe una conexión suficiente entre la actuación controvertida y el ámbito territorial en que residen o desarrollan su círculo vital de intereses, por lo que procede declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto, anulando la sentencia impugnada, con retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior al dictado de la sentencia de instancia, para que se dicte una nueva entrando en el fondo del asunto, resolviendo lo que proceda sobre los motivos impugnatorios esgrimidos, con observancia de lo razonado y decidido en esta sentencia al resolver el presente recurso de casación».
Es de Justicia
Diego Gómez Fernández
Abogado y profesor de derecho administrativo
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