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  • Diego Gómez Fernández

La legitimación del ciudadano en la ratificación judicial de las medidas sanitarias urgentes



Los amigos del Almacén de Derecho han tenido una vez más la amabilidad de acoger en su blog estas reflexiones "Ratificación de medidas de salud pública: ¿Todo para el pueblo pero sin el pueblo?"


En ellas en primer lugar se resume brevemente la importante STS de 24/05/2021 (RC 3375/2021) que fija doctrina sobre el alcance y control de la autorización o ratificación judicial previa por parte de las Salas de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia de las medidas urgentes y necesarias para la salud pública que impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente que se prevén en los arts. 10.8 y 11.1.i) de la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA).


Y a continuación me pregunto si, sin perjuicio de las especiales características que tiene este procedimiento de ratificación judicial, se podría negar la personación en el mismo de un ciudadano que quisiera hacerlo para que se le oiga antes de que se tome la decisión definitiva; todo ello sin condicionar obviamente su derecho a interponer posteriormente un recurso contencioso-administrativo contra la Orden o Decreto que acuerde las medidas urgentes sanitarias y solicitar las medidas cautelares que estime oportunas.


La conclusión la adelanto: A mi juicio no parecería correcto negar dicha personación del ciudadano directamente afectado por las razones que allí expongo.


Si algún afectado desea personarse en ese especial procedimiento, no se le podría negar sólo por el hecho de que esté personado el Ministerio Fiscal como garante de la legalidad. Porque como ha dicho el Tribunal Constitucional en la sentencia que se cita ello no excluye la intervención de otros posibles interesados, aquí el titular directo de uno de esos derechos que se pretenden limitar.


Y es que si el Estado nos considera ciudadanos para hacernos pagar impuestos, también lo debe de hacer para escucharnos cuando se toman decisiones que afectan directamente a nuestros derechos fundamentales que son la base del orden político y de la paz social (art. 10 CE). Como diría el gran Javier Gómez Taboada "Ciudadanos, no súbditos".


Es de Justicia


Diego Gómez Fernández

Abogado y profesor de derecho administrativo

www.derechoadministrativoyurbanismo.es/blog


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