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  • Foto del escritorDiego Gómez Fernández

El respeto al Derecho como fundamento del Estado


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En vista de los últimos acontecimientos producidos, desde el respeto profundo al principio democrático, al Poder Legislativo y a los límites que el Estado de Derecho y la Constitución nos marcan a todos, las personas que se indican al final hemos creído necesario transmitir públicamente la siguiente opinión como juristas. Tal y como se dice más adelante, en ningún momento debe ser interpretado como un posicionamiento político, sino como un acto de responsabilidad, movido por el conocimiento de las repercusiones para la convivencia social que provoca el incumplimiento de las leyes.


Lo hemos redactado distintos profesionales, liderados por quién más y mejor ha escrito en nuestro país sobre la arbitrariedad de los Poderes Públicos: el maestro don Tomás Ramón Fernández:


"Desde nuestro respeto profundo al principio democrático y al Poder Legislativo y a los límites que el Estado de Derecho y la Constitución nos marcan a todos, hemos creído necesario transmitir públicamente nuestra opinión como juristas. En ningún momento esto debe ser interpretado como un posicionamiento político, sino como un acto de responsabilidad, movido por el conocimiento de las repercusiones para la convivencia social que provoca el incumplimiento de las leyes: Nuestro país era en 2022 una democracia menguante, como explicaron muy bien un grupo de profesores universitarios del Colegio Libre de Eméritos en un libro que lleva precisamente ese título. La mengua ha sido tan rápida que, apenas unos meses después, nos preguntamos si estamos en el camino de dejar de ser un Estado de Derecho.

Si alguien cree que esta afirmación es excesiva, no tiene más que releer el texto del artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, que sigue por cierto en vigor, que nos dice que: “Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, carece de Constitución”.

La separación de poderes podría pasar a mejor vida si se cumple todo lo pactado en Bruselas entre el Partido Socialista Obrero Español y Junts per Catalunya para asegurar la investidura del Sr. Sánchez Pérez-Castejón como Presidente. La futura Ley de amnistía que se comprometen a aprobar no saldrá de la libre decisión de un Parlamento ya constituido, sino de uno al que se impone esa amnistía como “condición sine qua non” para constituirse, investir al Presidente y darle estabilidad durante toda la legislatura. Es el “trato” al que se refirió el pasado día 26 de octubre D. Javier Delgado Barrio, Presidente que fue del Tribunal Supremo y Magistrado constitucional, afirmando que “la amnistía acordada en cumplimiento del «trato» resulta manifiestamente inconstitucional por razón de su ostensible arbitrariedad”.

Dicho “trato” no permite ya seguir mirando para otro lado, por al menos dos motivos.


Por un lado, promete la amnistía de quienes pretendieron subvertir el orden constitucional proclamando unilateralmente la independencia de Cataluña, y que siguen reservándose expresamente su ilegítima hoja de ruta.

Por otro lado, este pacto amenaza con perseguir a los Jueces que se limitaron a aplicar la Ley y somete al escrutinio de unas Comisiones parlamentarias de investigación las decisiones que se vean obligados a adoptar en el futuro en aplicación de la Ley de Amnistía que está en la base del acuerdo de investidura. Todo ello supondría, tal como han manifestado todas las Asociaciones Judiciales, una intromisión en la independencia de los Jueces, pilar básico del Estado de Derecho y una quiebra evidente de la división de poderes. Los Juzgados y Tribunales se limitan a cumplir con el mandato constitucional del art. 117 CE, actuando con independencia y sometidos únicamente al imperio de la Ley aprobada por el Parlamento.

Asimismo supondría una clara violación del art. 2 del Tratado de la Unión Europea, que establece que la Unión se fundamenta, entre otros valores, en el respeto al Estado de Derecho.

En suma, se trata de un pacto lesivo de principios constitucionales en lo que dice (división de poderes, independencia judicial y seguridad jurídica) e inquietante en lo que calla.

Por todos estos motivos, quienes firmamos este documento expresamos nuestra más honda preocupación ante semejante “trato” arbitrario que, de llevarse a efecto, supondría la desaparición del Estado de Derecho que con tanto esfuerzo de muchos hemos logrado construir a lo largo de estas décadas.

En España, a 11 de noviembre de 2023.

Tomás Ramón Fernández, Catedrático emérito de Derecho Administrativo, Abogado.


Juan Ramón Fernández Torres, Catedrático de Derecho Administrativo, Abogado.


Diego Gómez Fernández, Abogado.


José Ramón Chaves García, Doctor en Derecho.


José Luis Piñar Mañas. Catedrático de Derecho Administrativo, Abogado.


Silverio Fernández Polanco, Abogado.


Luis Medina Alcoz, Profesor Titular de Derecho Administrativo.


Concha Jiménez Shaw, Doctora en Derecho, Abogada.

Raúl C. Cancio, Letrado del Tribunal Supremo.


Rafael Rossi Izquierdo, Abogado.


Esteban Umerez Argaia, Abogado.


Roberto O. Bustillo Bolado, Catedrático de Derecho Administrativo.


Lucas Blanque Rey, Letrado del Consejo de Estado, Abogado.


Ana Sánchez Lamelas, Profesora Titular de Derecho Administrativo.


José Luis Villar Ezcurra, Profesor Titular de Derecho Administrativo, Abogado.


Emilio Lamo de Espinosa Vázquez de Sola, Magistrado".


Pueden verlo también la entrada de José Ramón Chaves "En defensa del Estado de Derecho".

Es de Justicia


Diego Gómez Fernández

Abogado y profesor asociado de derecho administrativo


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